Unas 20.000 personas saldrán de la planilla estatal como parte de las medidas de austeridad que el Gobierno panameño se ha visto forzado a tomar ante una ola de protestas y huelgas en contra del alto costo de la vida y múltiple denuncias de despilfarro y corrupción en la administración pública.
A la reducción en un 10 % de la planilla estatal se suman otras medidas de "austeridad" anunciadas primero por el Ejecutivo, el martes, y este miércoles por el Legislativo, en un intento hasta ahora fallido de apaciguar la calle, donde se mantiene protestas con bloqueos en la capital y el interior del país y un paro docente desde hace más de semana.
Estas resoluciones que buscan la contención del gasto público llegan luego de que empresarios, ONG y analistas rechazaron la posibilidad de que los recursos necesarios para pagar un subsidio al combustible y la congelación del precio de ciertos alimentos básicos anunciados el lunes por Ejecutivo provinieran de más deuda.
El ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, Rogelio Paredes, dijo este miércoles que la reducción del 10 % de la planilla representa alrededor de 20.000 puestos de trabajo, y que este plan se está poniendo en marcha de manera inmediata.
Entre los cesados "puede haber personal que está por contrato, otro que tal vez está asignado a otras entidades pero que realmente no forma parte de una fuerza laboral necesaria. Puede haber gente que ya ha superado la edad de jubilación", afirmó el ministro en declaraciones a la televisión local.
Paredes tildó además de "importante" la congelación para toda la población en 3,95 dólares el galón (3,78 litros) de los combustibles durante 3 meses, una medida para la que en principio se han contemplado 150 millones de dólares.
Funcionarios del Ejecutivo han asegurado que los recursos para sufragar el subsidio al combustible provienen de la "reducción de los programas y planes de los ministerios e instituciones" del Estado.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), una de las instituciones peor evaluadas por la población, anunció este miércoles la suspensión de aumentos salariales y nuevas contrataciones, viajes y viáticos, compra de equipos de oficina, horas extras para su personal "a nivel nacional", así como reducción de gastos de combustible en un 50 % y de la electricidad.
"Necesitamos ver una hoja de ruta de cómo se van a implementar estas medidas, cuáles son los ahorros y aterrizar la información que nos han dado", declaró la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Marcela Galindo.
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SIGUEN LAS PROTESTAS POR UNA "CRISIS DE CREDIBILIDAD"
Pese a los anuncios de "austeridad", las protestas se mantienen en la capital y el interior del país, con bloqueos en carreteras que han cortado la cadena de suministros, lo que comienza a evidenciarse con la escasez de algunos alimentos en los centros urbanos, dijo al CCIAP.
Este miércoles, el poderoso sindicato de la construcción Suntracs inició una huelga de "advertencia" de 24 horas y sigue el paro docente iniciado la semana pasada dejando a centenares de miles de estudiantes sin clases, porque los movimientos sociales consideran "insuficiente" las medidas gubernamentales.
Para el presidente del opositor partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, la crispación social sigue porque "el Gobierno perdió la credibilidad hace ya un rato y no ha sabido leer la causa real del problema".
El tema del costo del combustible y los alimentos ha sido el "disparador de la protesta, pero el problema de fondo es que el pueblo se siente burlado" por un Gobierno que promovió "durante la pandemia un endeudamiento multimillonario para mantener un aparato político-clientelista e inflar planilla".
"Simplemente el no ver que eso es lo que tiene molesta a la gente porque hay necesidad, y el Gobierno sigue despilfarrando. Los anuncios se quedan muy cortos", agregó Lombana.
